CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL DURANTE EL COVID-19

    Por: Santiago Pérez G. y Juanita Betancur M.

En los últimos meses, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 560 del 15 de abril de 2020 y el Decreto 772 del 3 de junio de 2020, mediante los cuales, con ocasión de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19, se adoptan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia que tendrán vigencia por 2 años. 

A continuación, se describen algunos de los apoyos brindados por el Gobierno al sector privado en cuanto a 1) herramientas de eficiencia y negociación expedita, 2) mecanismos de alivio financiero y de salvamento, 3) beneficios tributarios y 4) suspensión de normas y obligaciones. 

1.Herramientas de eficiencia y negociación expedita: la primera gran novedad es que se dota de competencia a la cámara de comercio del domicilio del deudor para adelantar el trámite de recuperación empresarial, solo requiriendo la intervención judicial al final del proceso para su validación. 

Adicionalmente, la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización permite a los deudores negociar con todos o algunos de sus acreedores y en un plazo de 3 meses para que posteriormente el juez concursal en un proceso expedito confirme el acuerdo logrado. 

Asimismo, se crean las figuras del proceso de reorganización abreviado y el proceso de liquidación judicial simplificado para dar rápida solución a las pequeñas insolvencias, las cuales resultan aplicables para las sociedades cuyos activos no superen los 5.000 smlmv.

Por otro lado, y con el fin de poder atender la proliferación de procesos de reorganización y liquidación judicial, se adoptan las siguientes medidas: (i) la solicitud de acceso a estos procesos se tramitará de manera expedita por las autoridades competentes y no se realizará auditoría sobre el contenido o exactitud de los documentos aportados ni sobre la información financiera o el cumplimiento de políticas contables; y (ii) se implementan alternativas virtuales para facilitar la radicación electrónica de las solicitudes de admisión.   

2. Mecanismos de alivio financiero y de salvamento: se faculta a los intervinientes en el proceso concursal para pactar un acuerdo que flexibilice los plazos y las alternativas de pago, pudiendo hacer uso de figuras tales como la capitalización de pasivos, la descarga de pasivos y los pactos de deuda sostenible a favor de entidades financieras. 

Por otro lado, se abre la posibilidad para el deudor de obtener, sin previa autorización judicial, un nuevo crédito para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios durante la negociación y, de no ser ello posible, se le faculta para que acuda, con la aquiescencia del juez del concurso, a alternativas adicionales para lograr dicho financiamiento. 

También, se extiende el plazo hasta julio de 2020 para el pago de las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de los acuerdos de reorganización vigentes y se ordena que los acuerdos de reorganización iniciados conforme a este decreto solo terminarán por mora del deudor si es igual o superior a 3 meses.

Adicionalmente, como una medida de salvamento, se permite que las sociedades que entren en estado de liquidación inminente como resultado de la contingencia económica, puedan evitarla prosiguiendo con la capitalización de la misma.

Se dispone además que, en los procesos de liquidación judicial, sea posible, mediando el consentimiento de los acreedores, transferir los bienes del deudor a un vehículo fiduciario y pagarle a los acreedores con derechos fiduciarios.

También se dispone que, ante el inicio de un proceso de reorganización empresarial, se levantarán las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que versen sobre bienes no sujetos a registro.

Por último, se le permite a las sociedades admitidas en procesos de reorganización o liquidación judicial, cuyo objeto sea la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, la realización de pagos, sin autorización del juez del concurso, al crédito hipotecario sobre el cual se constituyó hipoteca de mayor extensión, bien sea directamente o a través del pago del adquirente del inmueble con la correspondiente subrogación parcial.

3. Beneficios tributarios: se otorgan a las sociedades admitidas a un proceso de reorganización empresarial o que hayan celebrado un acuerdo de reorganización, los siguientes beneficios: (i) no sometimiento a retención ni autorretención en la fuente a título del Impuesto sobre la Renta y Complementarios a partir del 15 de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020; (ii) sometimiento a una retención en la fuente a título del Impuesto al Valor Agregado del 50% a partir del 15 de abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020; (iii) exoneración, por el año gravable 2020, de la obligación de liquidar y pagar el anticipo del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; (iv) exoneración de liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020; y (v) tratamiento tributario especial de algunas rentas de los deudores como ganancia ocasional y no como renta ordinaria, por los períodos gravables 2020 y 2021, así como la posibilidad de compensar dichas rentas con las pérdidas ocasionales del ejercicio o con las pérdidas fiscales acumuladas.

4. Suspensión de normas y obligaciones: se incluyen los listados de disposiciones previas que ordenan suspender, lo cual tiene como finalidad armonizar las obligaciones corporativas y tributarias de las sociedades admitidas en procesos de reorganización, con los motivos ulteriores de los predichos decretos y con la realidad económica actual de las empresas. Dentro de estas disposiciones cabe resaltar la suspensión, para todos los tipos societarios y hasta el 16 de abril de 2022, de la causal de disolución por pérdidas.

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