Generalidades sobre las sociedades BIC

Por: Juanita Betancur
Andrés Arbeláez
María Paula Valencia

En el año 2018 se expidió la Ley 1901, por medio de la cual se crearon las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), la cual fue posteriormente reglamentada en 2019 mediante Decreto 2046. Con ocasión del impulso que pretende el Gobierno Nacional de esta condición, a continuación, se exponen algunas generalidades de la regulación de esta materia.

(i) Definición y procedimiento

Cualquier sociedad comercial, de cualquier tipo societario, puede adoptar voluntariamente esta condición, agregando a su nombre la sigla BIC o la referencia “Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo”, incluyendo dentro de su objeto social las actividades de beneficio e interés colectivo a desarrollar y, para el caso de sociedades ya existentes, mediante la adopción e inscripción en el registro mercantil de una reforma estatutaria. Le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades la supervisión de las sociedades calificadas como BIC en lo que respecta al cumplimiento de la normativa aplicable.

(ii) Características

Las BIC deben desarrollar al menos 1 de las actividades de cada una de las siguientes 5 dimensiones:

(iii) Beneficios

La normativa plantea 3 beneficios para las sociedades que adopten la condición de BIC:

(a) Un portafolio especial de servicios de propiedad intelectual a ser desarrollado por la SIC.

(b) El acceso preferencial a líneas de crédito a ser creado por el Gobierno Nacional.

(c) Un tratamiento tributario especial para las utilidades repartidas a través de acciones a los trabajadores de las BIC (que estén organizadas como sociedades por acciones). La norma establece que, hasta el 10 % de las utilidades generadas por la sociedad pueden tratarse como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en la Declaración de Renta de la BIC del año al que correspondan. Lo anterior, siempre que las utilidades se hayan distribuido en acciones a los trabajadores de la sociedad en el mismo periodo en el que se hubieren generado o en el periodo siguiente.

Ahora bien, la norma establece que para que proceda la aplicación de dicho beneficio fiscal se debe cumplir lo establecido en el artículo 44 de la Ley 789 de 2002 y debe acreditarse: (i) que la BIC cumple con disposiciones de la Ley 1901 de 2018 (que crea y desarrolla las BIC), (ii) que las acciones confieren a los trabajadores derechos patrimoniales y políticos, que no desvían la finalidad de las BIC y que cumplen con las disposiciones del artículo 379 del Código de Comercio, (iii) que sobre las acciones no se constituirá ninguna limitación al derecho de dominio y (iv) que la remuneración del trabajador beneficiario de las acciones, en el promedio mensual calculado en todo el año gravable en que se genere la utilidad, no supere las 200 UVT (que para el año 2021 equivalen a COP 7.261.600) al momento en que se concrete la entrega de las acciones.

Sin embargo, cabe resaltar que los dividendos pagados o abonados en cuenta a los trabajadores se encuentran sujetos a la tarifa especial para dividendos o participaciones reguladas en los artículos 242 (que aplica a personas naturales residentes) y 245 (que aplica para personas naturales no residentes) del Estatuto Tributario.

De la misma manera, los pagos realizados en acciones de una BIC tendrán, respecto de los trabajadores, el tratamiento de ingreso según lo establecido en el artículo 108-4 del Estatuto Tributario.

(iv) Informe de gestión y estándar independiente

El representante legal de una sociedad BIC debe incluir dentro de su informe de gestión de fin de ejercicio a ser presentado al máximo órgano social y a ser publicado en la página web para su consulta por el público, un reporte en el que se demuestre de forma cualitativa y cuantitativa el impacto del período sobre las 5 dimensiones referidas. Este informe de gestión debe ser elaborado conforme a un estándar independiente, el cual debe cumplir con las características de ser reconocido por la Superintendencia de Sociedades, comprensivo, independiente (es decir, la metodología debe ser desarrollada por una entidad no afiliada a la BIC), confiable y transparente.

Es importante señalar que la Superintendencia de Sociedades podrá, a oficio o petición de parte (estando legitimados para ellos los accionistas o socios, administradores, el revisor fiscal, los acreedores, empleados y consumidores de la sociedad, así como quienes acrediten sufrir algún daño):

(a) Declarar la pérdida de la calidad de sociedad BIC, y ordenar su inscripción en el registro mercantil, ante el incumplimiento grave o reiterado (es decir, que se presente en más de una oportunidad durante 6 meses o que se trate de una conducta continuada) del estándar independiente, en cuyo caso la sociedad solo podrá adquirir nuevamente la condición perdida después de 12 meses.

(b) Imponer multas y ordenar las correcciones respectivas cuando el incumplimiento no se considere grave ni reiterado.

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