NOVEDADES SOBRE SOCIEDADES PANAMEÑAS
ADIÓS AL ANONIMATO

Por: Daniel Builes V.
Sebastián Correa R.

Pueda afirmarse que cada vez estamos más cerca de decir adiós al anonimato en las sociedades offshore panameñas.

El principio del fin se dio con la expedición de la Ley 2 de 2001, la cual estableció las medidas para “el conocimiento del cliente” que deberían tomar los abogados panameños (agentes residentes) al momento de la incorporación de una entidad jurídica; tiempo después, la ley 47 del 6 de agosto de 2013 (modificada por la ley 18 de 2015 ) reglamentó la emisión de acciones al portador en sociedades panameñas, estipulando que estas deberían ser entregadas a un custodio autorizado o convertidas en acciones nominativas, fijando como fecha límite para tal conversión el 31 de diciembre de 2015.

Por este sendero continuaron la Ley 47 de 24 de octubre de 2018 (por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre Panamá y USA para ejecutar la Ley de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras -FATCA-) y la Ley 51 de 27 de octubre de 2016 (por medio de la cual se establece el marco regulatorio para el intercambio automático de información); reglamentadas por los Decretos 124 del 2017 y 122 de 2018 (este último de gran importancia por establecer 33 países con los cuales Panamá cruzará información financiera de forma automática).

No obstante el decreto 122 de 2018 no incluyó a Colombia dentro de la lista de 33 países con cruce automático de información, el pasado 9 de marzo de 2020 el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá manifestó que había llegado a un acuerdo para el intercambio automático de información financiera con Colombia. Acuerdo el cual entraría en vigor en septiembre de 2020, permitiendo a la DIAN obtener información financiera sobre las cuantas bancarias de residentes colombianos en Panamá.

Por último, el pasado 17 de marzo de 2020, con la expedición de la Ley 29, Panamá crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, estableciendo la obligación por parte de los agentes residentes de solicitar y registrar la información de los beneficiarios finales de toda persona jurídica, para lo cual define como beneficiario final aquella persona natural que cumpla alguna de las siguientes condiciones: (i) poseer mas del 25% de los derechos de voto de una persona jurídica o (ii) ejercer el control efectivo y definitivo sobre la gestión de la persona jurídica.

Para el cumplimiento de la obligación de registro, los agentes residentes deberán solicitar y registrar como mínimo la siguiente información:

  1. Respecto a la persona jurídica objeto de registro: (i) nombre completo; (ii) número de folio; (iii) fecha de inscripción; (iv) dirección; (v) actividad principal.
  2. Respecto al beneficiario final: (i) nombre completo; (ii) número de cédula, pasaporte o documento de identidad; (iii) fecha de nacimiento; (iv) nacionalidad; (v) dirección y (vi) fecha en la que se adquiere la condición de beneficiario final.

Con la desaparición de las acciones al portador, la estandarización de la información a reportar para la incorporación de entidades jurídicas en Panamá, la adopción del cruce automático de información (incluido Colombia) y la creación del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, Panamá dice a dios a los tiempos del anonimato en la incorporación de sociedades offshore, dando inicio una era de información y cumplimiento de estándares internacionales.

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