Nuevo marco reglamentario de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Por: Maria Alejandra Londoño H.

Han transcurrido más de 20 años desde la expedición de la Ley 388 de 1997, que tenía como uno de sus principales objetivos establecer mecanismos que permitieran a los municipios promover el ordenamiento del territorio y el uso equitativo y racional del suelo, a través de la implementación de “Planes de Ordenamiento Territorial” (en adelante POT) definidos por la misma norma como el “instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal”.

Así, con el fin de cumplir el mandato normativo, de manera paulatina en la mayoría de los municipios del país se empezaron a implementar los Planes de Ordenamiento Territorial, y hasta ahora se han expedido 872 Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), 169 Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), 58 Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y aún hay cuatro municipios que no han adoptado ninguno de estos mecanismos por primera vez. Si bien estas cifras representan un gran avance en el cumplimiento de los objetivos planteados por la Ley 388 de 1997, (que en el año 2015 sería recopilada con todas las normas relacionadas con el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio en el Decreto 1077),  debido al paso del tiempo y los nuevos retos en materia de planificación territorial a los que está siendo expuesto el país,  el 14 de septiembre de 2020 se expidió el Decreto 1232 de 2020 que modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en algunos aspectos relacionados con la planeación del ordenamiento territorial, pues según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial era necesario  “reconfigurar el orden de las temáticas allí contenidas, en procura de lograr su desarrollo ordenado, secuencial, integrado y congruente con el fin de que los municipios puedan formular y adoptar su Plan de Ordenamiento Territorial.”

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se hará referencia a los principales cambios que introdujo el Decreto 1232 de 2020. En primer lugar, la norma en estudio adiciona y modifica algunas de las definiciones normativas consagradas en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015. De esta manera, con el fin de unificar las diversas interpretaciones que con el paso del tiempo han surgido a nivel territorial, se actualiza el concepto de tratamiento urbanístico para definirlo como “las determinaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial que permiten establecer las normas urbanísticas para un manejo diferenciado de los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana, de acuerdo con las características físicas de cada zona y el modelo de ocupación propuesto.” A renglón seguido, el Decreto se ocupa de establecer las definiciones de cada uno de los tipos de tratamientos existentes, modificando las definiciones de los tratamientos urbanísticos de Renovación Urbana, Renovación Urbana Modalidad de Reactivación, Renovación Urbana Modalidad de Redesarrollo y Desarrollo. Así mismo, incorpora nuevas definiciones de los conceptos de Asentamientos Humanos Rurales, Vivienda Rural Dispersa y de los Tratamientos Urbanísticos de Consolidación, Conservación, Mejoramiento Integral y Renovación Urbana modalidad de Revitalización.

En segundo lugar, el Decreto señala que, el programa de ejecución del POT debe establecer con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio que se pretenden ejecutar en el período de cada administración, a partir de los programas y proyectos definidos para toda la vigencia. De esta manera, los POT se convierten en la base fundamental para los planes de desarrollo y de inversión de los respectivos alcaldes, buscando una coordinación armónica del instrumento para dar cumplimiento a las diversas estrategias propuestas en el mismo.

En tercer lugar, se establecen con claridad las etapas y el contenido del proceso de planificación territorial que se debe seguir para adoptar un POT, y se señalan cada una de las dimensiones y los componentes mínimos que deben tener las etapas de diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento y evaluación de este, con el fin de que los municipios puedan formular y adoptar los instrumentos de manera coherente con las necesidades específicas del territorio.

Por otra parte, el Decreto se encarga de indicar los documentos que debe contener el POT y que serán presentados para adelantar el trámite ante las instancias de concertación, consulta, aprobación y adopción de este. Así mismo, se definen las condiciones para adelantar las concertaciones con la Corporación Autónoma Regional, con la Junta Metropolitana y con el Consejo Territorial de Planeación.

Finalmente, el Decreto consagra el trámite que se debe seguir para realizar la revisión y modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, así como los documentos que se deben aportar cuando se ejecute la revisión por vencimiento de las vigencias de corto y mediano plazo y cuando se requiera la modificación excepcional de norma urbanística, para lo cual se requerirán soportes técnicos.

En conclusión, el Decreto 1232 de 2020 logra imprimir al proceso de expedición de los Planes de Ordenamiento Territorial una dimensión técnica, fomentando el conocimiento pleno del territorio y propiciando la seguridad jurídica al momento de la formulación, adopción y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial del país, toda vez que se cuenta con un derrotero temático y procedimental a seguir. 

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